viernes, 4 de mayo de 2007

REVELACIONES DEL PASADO DE BLUMBERG EN LA TEXTIL CASTELAR

Fuente Tribuna de Periodistas 3/5/07
El ex gerente general de la empresa textil Castelar, Juan Carlos Blumberg, logró que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el 3 de noviembre de 2004, sin disidencias ni debate, una norma que eleva las penas para quienes incurran en el delito de vaciamiento de empresas. Este punto, que forma parte del petitorio, fue avalado por casi seis millones de personas e impulsado por el ingeniero luego del asesinato de su hijo. Sin embargo, su trayectoria no parece haber sido del todo transparente.
Desde la década del '50, la Textil Castelar fue una de las industrias más importantes del rubro. Divididos en tres turnos de ocho horas, más de 1400 obreros trabajaban diariamente en las cuatro hectáreas que ocupaba en Morón. "Estuvo siempre a la cabeza de la tecnología; trabajar en Castelar era sinónimo de prestigio y estabilidad", cuenta Jorge Vlahos, ex encargado de mantenimiento de planta.
Jorge Tchomlekdjoglou, propietario de la textil Primotex de Lanús, se convirtió en accionista mayoritario de la textil Castelar al recibir un préstamo por 14 millones de dólares de Cristina Onassis. La descendiente del magnate helénico Aristóteles Onassis era la novia de Jorge Tchomlekdjoglou (h) y amiga de su hermana Marina, más conocida por su apellido de casada, Dodero.
A mediados de los '70, la familia griega fundó la algodonera Mides en Puerto Tirol, provincia del Chaco. "Blumberg inauguró Mides con papá", reconoció Dodero. Desde ese momento, el ingeniero se transformó en empresario.
El ex intendente de Puerto Tirol, Juan Von Siebenthal, declaró en septiembre de 2004 a la revista Veintitrés que "Blumberg nunca pagó la luz ni el agua ni nada. Tampoco realizó los aportes de los trabajadores. Él quería hacer su negocio y punto. Se llevaba a todos por delante". En la misma publicación, Luis Quiroz, ex maquinista de la empresa chaqueña, no titubeó al describir la actitud del gerente general. "Era un negrero, nos trataba como esclavos. Nos dejó a todos en banda sin dar explicaciones. No pagó sueldos, ni indemnizaciones", afirmó.
Lideradas económicamente por Castelar, Primotex y Mides, las empresas crecieron hasta convertirse en un grupo de diez manufactureras textiles de primer nivel. Así, el ingeniero pasó a ser gerente general y mano derecha de Tchomlekdjoglou. Tanto sus responsabilidades como las presiones, aumentaron y su rol se volvió cada vez más determinante. Deuda fraudulenta

En 1982, durante la dictadura militar, Domingo Cavallo, desde la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), nacionalizó las deudas del sector privado a través de seguros de cambio. Mediante esta operación, el Estado se hizo cargo de la diferencia que surgiera de los créditos de las empresas con la banca extranjera al momento del pago.
Para Alejandro Olmos Gaona, continuador de la causa que estudia la deuda externa ilícita impulsada por su padre, "Castelar es una de las tantas empresas que a través de operaciones ilegales se beneficiaron con regímenes de seguro de cambio, lo que les permitió auto-prestarse y después transferir sumas al Estado en complicidad con los bancos del exterior".
En la causa 17.718, que investiga la deuda desde 1983, el auditor Ricardo Venancio López asegura que "se detectaron irregularidades en el endeudamiento externo" y que, por lo tanto "debe dársela de baja de los registros de la deuda".
A pesar del dictamen para que el Estado no se hiciera cargo de la deuda, la investigación fue archivada en 1988 por orden del ex director del BCRA, José Luis Machinea, y del representante especial del Ministerio de Economía ante los organismos internacionales, Daniel Marx. La muerte de papá
Con la muerte de Jorge Tchomlekdjoglou en 1986, el holding se sumergió en una profunda crisis financiera y sus dos hijos heredaron la empresa. Mientras Dodero se ocupaba de las relaciones públicas de Castelar, su hermano confiaba ciegamente en la capacidad de Blumberg que, desde la gerencia general de Mides, tomó las riendas del grupo. "Él era quien manejaba absolutamente todo", sostiene Catalina Nenúfar Albornoz, ex funcionaria de la Secretaría de Industria y Comercio de la Municipalidad de Morón, convocada por Dodero para salvar a la empresa del desastre.
Pero la crisis no pasaba sólo por lo económico. "La relación de Blumberg con los empleados era pésima", asegura Vlahos y agrega: "No se podía tener trato con él, era todo a cara de perro. Como delegados nos entrevistábamos, pero era tan prepotente y altanero que las negociaciones siempre terminaban a las puteadas".
Las deudas con bancos nacionales y privados se triplicaron y los recortes salariales, seguidos por despidos masivos, resultaron soluciones frecuentes. Esto reflejaba "la incapacidad de los herederos -agudizada por la depresión de Jorge, luego de la misteriosa muerte de Cristina Onassis en 1988- y las maniobras de Blumberg en la conducción del grupo", según revela uno de los ex directores de Castelar, Víctor Arana, otro de los convocados por Dodero para levantar la empresa.
El holding se desmoronaba. Las razones eran evidentes y la respuesta, la pasividad. "Como gerente general e ingeniero, Blumberg tenía una radiografía de cómo se iba desempeñando la fábrica. ¿No sabía que se estaba yendo en picada, que se les adeudaban ocho quincenas a los obreros, que había un descontrol total, que no había repuestos para el equipamiento, que la importación de maquinaria nueva se quedó en el puerto por culpa de una declaración jurada mal hecha?" , se pregunta Arana.
Entre las principales acusaciones contra Blumberg, Arana y Albornoz coincidieron en denunciar que los reintegros de la Aduana nunca aparecieron y que la entrada y salida de dinero no era transparente. "Fue uno de los máximos artífices de la caída total de la empresa", denuncia Albornoz.
Los trabajadores también percibían los turbios manejos gerenciales. "Blumberg se estaba comiendo las fábricas, la de Morón, la del Chaco y la de Lanús", sostiene Vhalos.
Arana despidió a Blumberg en 1993, luego de una dura discusión en la casa de Jorge. "Le dije que había antecedentes suficientes como para que se retirara", admite el ex asesor.Un cierre escandaloso El 14 de octubre de 1994, se decretó la quiebra de Castelar. Seis años más tarde, la jueza Silvia Rey la hizo extensiva al resto de las empresas del grupo, responsabilizando a Tchomlekdjoglou (h) y a Dodero.
Sin embargo, el principal motivo de la quiebra se desprende del testimonio del ex jefe de Costos y Presupuestos, Aldo Aschei: "La instalación de Mides –custodiada por Blumberg- requería de una inversión millonaria, que ésta no se encontraba en condición de realizar si no era a través de la solvencia de Castelar".
Paralelamente, el grupo judío ultra ortodoxo Jabad Lubavich fundaba Cladd (Con la Ayuda De Dios), una nueva textil en Morón con tecnología innovadora. "Blumberg jugó a dos puntas. Fundió Castelar, se llevó a los mejores técnicos y levantó Cladd en su detrimento. El tipo le robó a la empresa, a los griegos y a las 1400 personas que trabajaban ahí y no quedó enganchado en ningún lado", sentencia Albornoz.
A diez años de la quiebra, la cadena de supermercados Coto adquirió las cuatro manzanas que ocupaba la vieja textil, Tchomlekdjoglou (h) tuvo que abandonar el país y a Dodero le negaron el pasaporte argentino. Asimismo, Blumberg es uno de los tantos acreedores que esperan cobrar su parte de los casi cinco millones de pesos que la empresa les debe a sus ex empleados. Mejor no hablar de ciertas cosas
"Yo no vi que se llevaran a nadie, pero que desaparecieron gremialistas, lo sabemos todos", presume sin dar detalles armando Horacio Ponce, ex delegado sindical de Castelar. Más allá de cualquier especulación, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que al menos dos empleados de la fábrica desaparecieron durante la última dictadura militar.
Oscar Manuel Cobacho, estudiante de Derecho y militante montonero, fue secuestrado el 30 de noviembre de 1978. Para ir al trabajo, atravesaba los campos de la VII Brigada Aérea del partido de Morón, linderos a la textil. En ese momento, el máximo responsable de esa jurisdicción militar era el ex Brigadier César Miguel Gómez.
Su madre, Sara Derotier, cuenta que "Oscar estaba casado con María Elena Gómez" y que de esa relación "nació Juan Martín, ahora de 30 años, dos años más de la edad que tenía su padre cuando lo secuestraron". Dorotier detalla: "Se lo llevaron en la estación Ramos Mejía a las cuatro de la tarde junto con una chica a la que le decían Tita. A los dos se los chupó el Ejército".
Según el informe de la Conadep, Cobacho fue llevado a la División de Automotores de la Policía Federal, ubicada en la calle Lacarra y Ramón Falcón –en Capital–, donde funcionaba el centro clandestino de detención El Olimpo. "A Oscar lo torturaron mucho, tal es así que lo trasladaron al Hospital Militar a los dos o tres días de estar en El Olimpo", relata su madre.
Aunque poco se sabe sobre su destino, Alicia María Galetto también trabajó en Castelar. Según los antropólogos forenses, la secuestraron el 26 de marzo de 1977 y habría sido llevada a la Mansión Seré, otro centro clandestino de detención, también conocido como Atila.

Diego González
Emiliano Gullo
Sebastián Penelli
Agencia ISA

martes, 1 de mayo de 2007

UN CONTRATO COMPLICA AL MINISTRO DEL INTERIOR

Sin dudas no se trata de un buen momento para el ministro del Interior Aníbal Fernández. Anulado su sueño de ser candidato a gobernador bonaerense, con cada vez menos poder en el gobierno y obviado en el armado de listas de un cargadísimo año electoral, se conocieron ahora detalles de un polémico contrato firmado y autorizado por él cuando ejercía como intendente de Quilmes, el cual hoy sigue vigente y concluyó en una denuncia penal. Esta denuncia, encabezada por el contador Juan Albaytero, solicita la retribución a la Municipalidad de Quilmes de casi 18 millones de pesos, gastados en el pago de servicios a una empresa, Relevamientos Catastrales S.A., que se encarga de cobrar los impuestos en Quilmes, así como una denuncia penal contra todos los funcionarios relacionados con este contrato, bajo el cargo de violación de los deberes de funcionario público. En las negociaciones con esta firma de capitales paraguayos, estuvo involucrado la ex mano derecha del ministro del interior, el diputado provincial Daniel Gurzi, quien hoy ha crecido notablemente en su manejo territorial y económico en Quilmes, para preocupación de Fernández. Relevamientos Catastrales arrastra una historia de polémicas, supuestos vínculos con el dictador paraguayo Lino Oviedo, y salidas escandalosas de otros municipios en los que estuvo vinculada como Pilar y Cañuelas. Incluso, en Quilmes el actual intendente Sergio Villordo dijo a fines del 2003 que no veía la utilidad de continuar con una empresa, que al parecer le costó al municipio la frilera de 50 millones en una década, y encima no concretó la prometida digitalización del catastro municipal. El argumento al que apeló Aníbal Fernández para contratar la firma fue obvio: mejorar la recaudación del municipio. Sin embargo, al asumir Villordo denunció que recibió un municipio con 14 millones de déficit y una deuda de 65 millones. Pero no sólo lo económico es cuestionable. “Delegaron funciones propias del Estado, violaron la doctrina del Tribunal de Cuentas y violaron el secreto fiscal, o sea, los datos de los contribuyentes”, explica Albaytero. Los inicios El conflicto comienza en 1993, cuando Fernández era intendente de Quilmes. La ley de Emergencia Económica que regía en la provincia promovía con lógica menemista la iniciativa privada, para la concesión de obras o servicios públicos. Esta ley, en su artículo 36, señala que “si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra o servicio y su ejecución o prestación por el sistema de concesión es de interés público (…) podrá optar por el procedimiento de licitación pública (…) convocará su presentación mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos diarios”. Adhiriendo a esta ley, Aníbal Fernández firma una ordenanza, la 7080/93, en la cual privatiza tres actividades en manos de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. Esas actividades eran “la elaboración y ejecución de un sistema de saneamiento del padrón de contribuyentes, recupero de deuda atrasada y relevamiento de construcciones clandestinas”. “Aquí comienza el fraude”, advierte Juan Albaytero, dando inicio a su relato. Este contador viene siguiendo e investigando el tema desde el principio, lo cual le costó una querella del mismo Fernández en su contra. Según todo lo contado y documentado por Albaytero, el “primer fraude se da con el sellado de la ordenanza, la cual viola la ley que habla de concesiones, cuando lo que se contrató aquí no es más que una prestación de servicio. Luego, el contrato viola la ordenanza, delegando en un privado la recaudación impositiva”. El convenio de Descentralización Administrativa de la Provincia de Buenos Aires permite a los municipios cobrar el impuesto a Ingresos Brutos. De esto se encargaría Relevamientos Catastrales. “Para esto –sigue el contador- se le dio a la empresa la base de datos de la municipalidad, violando lo que se denomina secreto fiscal”. “Esto es terrible. Si tienen acceso a los escalones más altos de la base de datos, quiere decir que pueden modificarlo”, explica Albaytero subrayando la importancia de esta violación. La firma Relevamientos Catastrales tampoco cumplió, al día de hoy –o sea 12 años después-, con el compromiso contractual de cambiar el catastro por uno digital ni con la actualización del padrón. De hecho, en estos días la propia Municipalidad estaría enviando formularios pidiendo los datos de contribuyentes, trabajo que recaía en la polémica empresa.Cronología de una “concesión” turbia En 1995, se produce un hecho que altera lo acontecido de forma definitiva: El decreto 803/95 denomina por primera vez al contrato con Relevamientos Catastrales como “concesión”. Allí, se habla de las “tareas y objetivos a desarrollar por la empresa (…) cómo concesionaria municipal(…)”. Por ello, en su artículo 1, advierte que se autoriza “al personal de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. (…) a cumplir funciones de fiscalización y control del cumplimiento de normas y obligaciones tributarias (…), así cómo confirma que “los sujetos autorizados podrán efectuar controles, verificaciones y requerir de los contribuyentes toda la documentación pertinente”. Este decreto, que literalmente autorizaba la privatización no sólo del cobro de impuestos sino que también le proveía a la empresa el derecho de requerir y acceder a información personal y crítica de los vecinos de Quilmes, fue firmado por el mismísimo ministro del Interior, entonces intendente de esa localidad, Aníbal Domingo Fernández. Un año después, con Federico Scarabino ya instalado en el máximo sillón municipal quilmeño, se firmó el decreto 1642/96, que complementa el anterior, legalizando la concesión del servicio de recaudación tributaria. “Relevamientos Catastrales S.A., concesionaria del servicio de recaudación tributaria” confirma dicho decreto. Ninguno de estos dos decretos fue publicado como señalaba la ley. Luego de seguir transitando oficinas con los papeles bajo su brazo, Albaytero presentó todo lo que había conseguido en años de investigación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, el cual plantea un recurso pidiendo la nulidad de los decretos por violar una ley de Orden Público. Este recurso, firmado por el abogado Juan Posbeyikian, augura unos interesantes puntos de crítica contra los decretos –el de Aníbal Fernández y el de Scarabino- que legalizaron el cuestionado acuerdo con la cuestionada empresa, centrándose en dos ejes: la falta de publicidad de esos decretos y las actividades que recaen en Relevamientos Catastrales S.A. que son propias de los profesionales de Ciencias Económicas. En primer lugar, establece que ambos decretos adolecen de “vicios en el objeto y en la forma, por falta de publicidad que lo fulminan de una nulidad absoluta y manifiesta”, violando la ley que obliga a publicarlos. Asimismo, el recurso aclara que las “tareas que los decretos delegan (…) tales como auditorías tributarias (…) son incumbencias propias de los profesionales de las Ciencias Económicas”. Además, explica que ambos decretos consienten “la configuración de un delito penal”, ya que se “sería partícipe de un delito de acción pública”.Un final cantado Tiempo después, todo esto quedó en la nada. “Esta presentación se hizo en 1998, y fue muy buena. Pero en ese momento Aníbal Fernández ya estaba en el gobierno provincial, y de alguna forma se desarticuló la causa”, explicó el contador con un dejo de resignación. Al llegar 2004, los diez años del contrato se habían vencido. Es aquí donde prima el poder de que el contrato tenga carácter de concesión, hecho suscripto por el polémico decreto firmado por el hoy ministro del presidente Néstor Kirchner. Ya que, por ley, las concesiones tienen derecho a la posibilidad de renovación automática, lo cual consiguieron. Si el encuadre hubiera sido otro, deberían haber convocado a una licitación, algo que Relevamientos Catastrales S.A. viene evitando desde hace años. El intendente ya era Sergio Villordo, ex chofer y hombre fuerte de Aníbal en Quilmes. “Al renovarse el contrato –explica Albaytero - una abogada presenta una denuncia, la cual recae en el fiscal Luís Armella, quien hoy es el primer juez Federal de Quilmes. Al solicitar el expediente, Roberto Guglielmeto, en ese momento asesor letrado de la Municipalidad y hoy Secretario de Gobierno, argumenta que el expediente de la renovación está extraviado”. Ya en 2006, la Secretaría Jurídica del Tribunal de Cuentas de Quilmes, presentó un dictamen en el cual determina que no se puede tomar como un contrato de concesión el firmado con Relevamientos Catastrales S.A. en 1994 y renovado en 2004. Allí, explica que la contratación de la Municipalidad de Quilmes con la empresa en cuestión, “no se trata de una concesión de Servicios Públicos, sino simplemente de una Locación de Servicios”. Pese a este último intento, el nuevo contrato se aprobó por 3 años, y vence el 15 de septiembre de este año. ¿Lo renovarán?
Nicolás FiorentinoLa Política Online